Documentos Encuentro de Movimiento Obrero

Artículo publicado en la revista n.º 4 Con-Ciencia de Clase.

El acuerdo “social” para las pensiones. Otro ataque a los pensionistas.

Este texto contiene los fragmentos más significativos del artículo de Javier Lucena, afiliado de la CTA (Coordinadora de Trabajadores de Andalucía)

El “Acuerdo Social para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo, para la regulación de un nuevo procedimiento de acceso a la pensión de las actividades con elevada peligrosidad y para el mayor aprovechamiento de los recursos de las Mutuas con el fin de recuperar la salud de las personas trabajadoras”, fue suscrito por el Gobierno de España, las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y los sindicatos CCOO y UGT el pasado mes de julio de 2024. Ha sido gestado en secreto y por consenso, y está pendiente de su tramitación parlamentaria.

Recomendamos la lectura de dicho acuerdo en la página web del Ministerio de Inclusión¹. A continuación ofrecemos un extracto del análisis que hace Lucena del mismo.

El acuerdo organiza así los CONTENIDOS:

1.- Modificaciones a introducir en distintos aspectos de las jubilaciones:

– Jubilación activa.

– Jubilación demorada.

– Jubilación flexible.

– Jubilación parcial ordinaria.

– Jubilación parcial en el sector manufacturero.

– Reducción de la edad de jubilación para ocupaciones penosas y peligrosas, sin penalización.

2.-Nuevo papel de las Mutuas de accidentes de trabajo:

– En los procesos de incapacidad laboral de naturaleza traumatológica, con el fin de agilizarlos, será necesario un convenio de colaboración entre las Comunidades Autónomas y las Mutuas.

– Se requerirá el consentimiento previo del trabajador para que el médico de cabecera pueda derivar a las Mutuas la realización de pruebas diagnósticas y tratamientos rehabilitadores.

– Seguirán siendo los médicos de los Servicios Públicos de Salud los que tengan la competencia exclusiva de alta, baja y determinación de la asistencia sanitaria.

Llama la atención que la Ministra, en declaraciones respecto a este apartado del acuerdo, diga que “las Mutuas forman parte del sistema público y con este nuevo marco aprovechamos mejor sus recursos con el fin de recuperar la salud de los trabajadores, garantizar una atención más especializada y descongestionar el sistema público de salud” (…) ¿cómo se dice que las Mutuas son parte del sistema público de salud, a la vez que se expresa que con su participación se trata de descongestionar dicho sistema público? ¿en qué quedamos?. Pero además, en la propia Revista de la Seguridad Social del Ministerio se afirma que «una mutua es una asociación de empresarios sin ánimo de lucro que colabora con el sistema de Seguridad Social en la gestión de importantes prestaciones del sistema de Seguridad Social». De manera que por arte de magia de la Ministra, un servicio privado empresarial se convierte en servicio público. En realidad se trata de enmascarar que el Gobierno, en vez de dotar de los recursos suficientes a los Servicios Públicos de Salud para que funcionen adecuadamente, tanto para los trabajadores y trabajadoras como para la ciudadanía en general, profundiza en la privatización de los mismos, desviando esos recursos necesarios a entes privados.

3.- Incentivos empresariales para le reducción de la siniestralidad: Se bonifica el cumplimiento de las obligaciones empresariales en materia de seguridad laboral, a costa de la caja de la Seguridad Social.

4.- Fijos discontinuos: Recuperar el coeficiente multiplicador del 1,5 para los y las trabajadoras fijos discontinuos para la jubilación, la incapacidad permanente y las pensiones de viudedad y orfandad. Más que un avance, subsana un error.

Balance de las propuestas del acuerdo

– Las modificaciones más importantes y realmente novedosas que se proponen van en la dirección de estimular la prolongación de la vida laboral más allá de la ya de por sí alta edad legal, fijada actualmente en 67 años, mediante el fomento de la demora y de la combinación de trabajo y jubilación. Como resultado de ello, pronto veremos a mucha gente trabajando hasta los 70 años e incluso hasta más allá.

– Se presentan como mejoras del acuerdo lo que no es sino la recuperación de anteriores derechos laborales (como el factor corrector de los fijos discontinuos) o el cumplimiento de obligaciones establecidas legalmente (como en el caso del procedimiento para la jubilación anticipada sin penalización de las ocupaciones peligrosas y penosas). Recuperaciones que, además, lo son a veces respecto a últimas modificaciones, pero no respecto a antiguos y mejores derechos, que no se recuperan (jubilación parcial ordinaria).

– En algunos de los casos, esas recuperaciones de antiguas regulaciones lo son en beneficio de los empresarios, simplemente por cumplir con lo que la ley establece (bonus empresariales por mejoras en la siniestralidad), y en perjuicio de la caja de la Seguridad Social, que verá reducida las aportaciones de la patronal.

– Otro aspecto muy relevante: se profundiza en la privatización de servicios como la sanidad pública, reforzando las competencias de las Mutuas de accidentes.

Claro que, para endulzar la píldora se introducen algunas mejoras, como las relativas a los trabajadores relevistas o, como hemos indicado, la recuperación parcial de derechos perdidos (…), algo que no compensaría las características negativas principales del acuerdo y que podrían haberse adoptado, sin tanta retórica, con medidas puntuales.

Vamos que, después de dar tres o cuatro pasos atrás en derechos durante años, ahora nos presentan como avance dar un pasito “palante”; en mi pueblo a eso se le llama retroceso, no mejora. Junto a ese pasito “palante”, damos otros pasos para atrás en un tema tan central como la edad de jubilación.

Lo peor, con todo, no es lo que se propone en el acuerdo, sino el horizonte, las puertas que abre. Porque lo que hoy es voluntario, si se generaliza – y está claro que es lo que se persigue, teniendo en cuenta el dinero que se pone por medio –, fácilmente puede terminar siendo obligatorio con el tiempo, como una nueva prolongación de la edad mínima de jubilación o la necesidad de compatibilizar pensión y trabajo para poder mantener un nivel de ingresos suficiente para vivir con dignidad. Porque está claro que las propuestas futuras de “los agentes sociales” y los Gobiernos de turno intentarán seguir ahondando en el recorte de prestaciones y empeoramiento de las condiciones de acceso, de modo que no es de extrañar que, una vez impuestas nuevas prolongaciones obligatorias de la edad, los incentivos económicos que ahora se anuncian terminarían por desaparecer.

Tampoco se entiende que se trace como objetivo estratégico del Estado la prolongación de la vida laboral, en un país que aún cuenta con 2,75 millones de parados, según la última Encuesta de Población Activa; porque está claro que los trabajadores y trabajadoras parados no saldrán beneficiados con dicha estrategia, sino más bien perjudicados.

En el fondo, se viene así a romper con un paradigma central en la lucha histórica de la clase trabajadora, el que concebía la jubilación como un derecho positivo conquistado que permita disfrutar durante unos años de un tiempo libre y de descanso, tras una larga vida de trabajo, con una pensión que garantice un nivel de vida digno. Ahora, el paradigma que lo sustituye proponecomo positivo alargar la edad de jubilación al máximo y la compatibilidad entre trabajo y jubilación, vamos, seguir trabajando indefinidamente, diríamos que hasta la tumba. Porque parece claro también que si cada vez hay más gente que comienza a llegar a los 70 años trabajando, o más allá, vendrá un momento que aumentará la “legitimidad” del Estado para imponer nuevos aumentos de la edad mínima de jubilación. Lo ha dicho la propia Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz: “(se) acaba con la dicotomía entre trabajador y pensionista y se adapta a las necesidades de cada persona”.

La última parte de la frase anterior de la Ministra es así mismo muy relevante: además de colar la prolongación del tiempo de trabajo y la compatibilidad trabajo/jubilación como algo positivo, se nos cuela la «flexibilidad» de la jubilación: no sean rígidos – parecen decirnos -, si lo mejor es ser flexibles; no tiene por qué haber una edad límite de jubilación, que cada cual decida cuándo y cómo, una jubilación a la carta. Por lo tanto, ya no hablamos de procesos colectivos, donde poderdesarrollar acciones comunes en pro de mejoras de las condiciones de trabajo y jubilación, sino de procesos individuales donde cada uno busca su salida individualmente. Esto, se mire como se mire, es un misil a la línea de flotación de la acción sindical del movimiento obrero de clase que, por definición, no puede ser sino colectiva. Si el trabajador, llegada cierta edad, ya cobra una parte de la pensión o toda, el empresario tendrá más fácil negociar los salarios a la baja, sobre todo entre los trabajadores mayores, quienes tampoco tendrán demasiados estímulos para implicarse en luchas sindicales por mejoras salariales, toda vez que recibirán dos fuentes de ingresos.

Situándolo en EL CONTEXTO internacional

Pero todo ello se explica mejor si ponemos el acuerdo en contexto respecto a las políticas que se vienen implementando en los últimos años en todo el mundo capitalista y en España en particular. Respecto a las primeras, la Unión Internacional Sindical de Jubilados y Pensionistas de la Federación Sindical Mundial viene denunciando una estrategia global de voracidad capitalista que busca básicamente dos cosas: que las grandes empresas y fortunas paguen cada vez menos impuestos para financiar los servicios y prestaciones públicas, incluidas las pensiones; y que las propias pensiones se reduzcan y privaticen y queden solo en manos de fondos financierosprivados, de naturaleza especulativa. Una de las implicaciones de dicha estrategia es la ampliación de la edad de jubilación, cuanto más mejor; y otra la cada vez mayor necesidad de los mayores de compatibilizar trabajo y pensión para poder llevar una vida digna.

Y quien piense que lo anterior es una exageración, veamos lo que ocurre en dos países occidentales de los más importantes por su peso económico, Japón y Alemania.

Sobre el país nipón: “En Japón se está produciendo un inquietante fenómeno y es el del aumento de los hurtos entre las personas mayores de 60 años, que en solo una década han aumentado casi el doble en esa franja de edad y llega al 40 % del total de los cometidos. El gran problema es que no se trata de personas con vocación de ladrones, sino que viven en tal estado de precariedad que deciden cometer pequeños hurtos de manera reiterada con el fin de que les metan en la cárcel y así asegurarse, al menos durante el tiempo que dure la condena, un techo, comida, calefacción, asistencia social y sanitaria y, sobre todo, no estar solos… La causa de que tantas personas mayores en Japón estén en situación de pobreza es que la pensión que reciben es insuficiente para cubrir los gastos medios”. Y téngase en cuenta que en Japón es frecuente ver gente trabajando con 70 y 75 años.

Con respecto a Alemania, cada año se contabilizan más personas mayores de 67 años trabajando, y además haciéndolo en trabajos precarios: 1.123.000 personas estaban trabajando en Alemania en 2023 más allá de esa edad: “La gran mayoría de esos mayores trabajan en lo que aquí se conoce como ‘mini-job’, una de las más institucionalizadas formas de trabajo precario que existen en Alemania. La remuneración de esos “mini-trabajos” es de 520 euros al mes. Para los empresarios, esta figura de empleado está libre de algunas cotizaciones sociales (desempleo y dependencia e incluso, llegado el caso, de jubilación y seguridad social)”. Y no se trata para la mayor parte de una decisión voluntaria, sino necesaria para llegar a fin de mes. Según algunos análisis, el problema se generó hace unos 15 años, con el debilitamiento del sistema público de pensiones a cargo del Gobierno de Socialdemócratas y Verdes y con la apuesta por el fomento de fondos de jubilación privados, como complementarios a las jubilaciones públicas, que nos les aportan casi nada a los jubilados más pobres. ¿Nos suena esa música de algo?

En cuanto a España, el autor analiza en un artículo sobre la primera parte de la reforma de las pensiones, de finales de 2021, cómo uno de sus objetivos declarados era “desincentivar” la jubilación anticipada, esto es, retrasarla o, lo que es lo mismo, aumentar la edad media real de jubilación. Peor aun es, sin embargo, la modificación que se realiza después con la introducción de los Planes de Pensiones de Empleo en 2022, que también analiza en otro artículo, donde argumenta que vienen a ser un auténtico Caballo de Troya en el sistema público de pensiones para ir avanzando en su privatización. Como estudia con rigor el economista Xavier Pérez Dávila, de generalizarse la aplicación de tales Planes a todas las trabajadoras y trabajadores de nuestro país, podría llegarse a la derivación de unos 5.500 millones de euros anuales a los grandes grupos bancarios y financieros, a la vez que las pérdidas de ingresos públicos por cotizaciones sociales e impuestos de sociedades podrían ascender a los 1.800 millones anuales. A lo que habría que añadir que la mayoría de los trabajadores, en el mejor de los supuestos, saldrían perjudicados con esas pensiones privadas complementarias respecto a las públicas – realmente solo beneficiarían a los de más altos ingresos –, y en el peor, perderían una parte o la totalidad de los ahorros depositados en los planes, ya que la mayoría de ellos son deficitarios y dan pérdidas.

El nuevo acuerdo que venimos comentando vendría así a ser una pieza más en la política de nuestro Gobierno y nuestros “agentes sociales” para seguir profundizando en el deterioro de las pensiones, su privatización y la demora de la edad de jubilación, y en consonancia con las peores políticas que se están generalizando a nivel de todos los países capitalistas. Para que también vayamos tragando mejor la pócima, lo hacen por partes, ya que de golpe sería más descarado.

Lo que sí puedo garantizar, dice el autor, es que, de nuevo, al calor del debate parlamentario para convertir el acuerdo en normativa legal, seguro que vuelve a surgir el manido argumento recurrente de la supuesta insostenibilidad del Sistema Público de Pensiones. Que dicha insostenibilidad es mentira lo demuestra el fracaso de todas las previsiones que a lo largo de los años se han ido haciendo sobre la quiebra de la Seguridad Social, que nunca se ha producido, ni en los peores tiempos. Pero la prueba definitiva de que el Sistema Público es sostenible es que, como denuncia reiteradamente la COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones), no se quiere cumplir con lo que mandata la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, a la que ya hemos aludido, que establece en su disposición final sexta que, en el plazo máximo de un mes, el Gobierno encargará un “Informe de auditoría sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social”. Han pasado más de dos años y medio y no se tiene ni noticias de dicha auditoría, y la razón es bien sencilla: vendría a demostrar que la famosa insostenibilidad del Sistema Público de Pensiones, en la que se basan todos los recortes y deterioro de las condiciones de jubilación, es sencillamente mentira, una coartada del régimen para enriquecer a los de siempre, en perjuicio de las mayorías.

1 https://www.inclusion.gob.es/documents/20121/0/20240731+Acuerdo+Mesa+DiC3%A1logo+Social+SS.pdf/f4096eb7-0ac2-f2be-01a4-2ed0c2c409b1?t=1722500014030